EXPLOTACIÓN LABORAL EN GALERIA NICOLINI

El incendio en las Malvinas, ocurrido en el cercado de lima dejo al descubierto las inhumanas condiciones de trabajo en que laboran algunos peruanos. ¿Cómo es posible que no se haya respetado las medidas de seguridad y el buen régimen laboral?  simplemente todo es indignante, pues muchos trabajadores informales siguen lidiando con este problema, al no tener contrato, ni salario mínimo y mucho menos un seguro social ni protección legal para trabajar. El ministro del Trabajo dice que hay crecimiento de trabajo, ¿pero en qué condiciones?

según las cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), afirma que la informalidad en el Perú supera el 80%, generando un escenario más peligroso, dado que no existe ningún contrato que defina las condiciones ni obligaciones de parte de los empleadores.

El caso de Jorge Luis Huamán Villalobos, de 19 años de edad, y Jovi Herrera Alansa, de 21, quienes se encontraron atrapados en el cuarto piso de la galería Nicolini, junto a otras personas durante el incendio, hizo que saliera a la luz la forma como laboraban estas personas, encerrados con candado y que finalmente fue el motivo por el cual no pudieron evacuar del edificio en llamas. Ante este hecho, el Ministro de Trabajo, Miguel Huerta, acudió a la zona del incendio de Las Malvinas para ver el tema de la presunta explotación laboral, donde afirmo después que fueron cuatro jóvenes quienes trabajaban en  condiciones inapropiadas. Aparte de los mencionados anteriormente, los otros dos desparecidos fueron identificados como Luis Guzmán Taipe, un adolescente de 15 años, y la trabajadora Isabel Pantoja, quien laboraba como ayudante de cocina en una cebichería cercana.

Por otro lado, La municipalidad de Lima inició acciones legales contra la empresa JPEG SAC, que es señalada como la propietaria de los almacenes donde se inició el incendio de Las Malvinas. La denuncia penal será contra José Enrique López, gerente general de la empresa JPEG SAC, y Juan Manuel Polar de Rivera, apoderado legal, por los delitos contra la administración pública, desobediencia a la autoridad y exposición al peligro de personas dependientes.

Frente a las evidencias de que los jóvenes eran obligados a trabajar encerrados bajo llave, Luis Yshii Meza, director general de la Defensa Pública del Ministerio de Justicia, dijo que, de acuerdo al artículo 153-C del Código Penal, los responsables de este presunto delito de explotación laboral podrían recibir entre 25 y 30 años de prisión.

La vicepresidenta nacional de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), Carmela Sifuentes, señaló que estos trabajos precarios, que no ofrecen ni la más mínima garantía de seguridad, son algo muy parecido a la esclavitud, pues algunos trabajadores viven una explotación, trabajando por más horas de las permitidas, encerrados bajo llave y sin las condiciones mínimas de seguridad”.

El Ministerio de trabajo tiene la función de inspeccionar todo centro de trabajo, ya sea formal o informal. Lo cierto es que nuestro país dispone de un número finito de inspectores laborales y por lo tanto, la prioridad lo tienen las denuncias que realicen los trabajadores. Lamentablemente muchas personas no denuncian, como fue el caso de estas personas que permitieron y finalmente murieron por la irresponsabilidad de otras personas. Creo que estas muertes deben enseñar al ministro de Trabajo, Alfonso Grados, y al presidente Pedro Pablo Kuczynski que los trabajadores se juegan la vida trabajando.