EXPLOTACIÓN LABORAL EN GALERIA NICOLINI
El incendio en las Malvinas, ocurrido en el cercado de lima dejo al descubierto las inhumanas condiciones de trabajo en que laboran algunos
peruanos.
¿Cómo es posible que no se haya respetado las medidas de seguridad y el buen
régimen laboral? simplemente todo es
indignante, pues muchos
trabajadores informales siguen lidiando con este problema, al no tener contrato,
ni salario mínimo y mucho menos un seguro social ni protección legal para
trabajar. El ministro del Trabajo dice que hay crecimiento de trabajo, ¿pero en
qué condiciones?
según las cifras
del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), afirma que la
informalidad en el Perú supera el 80%, generando un escenario más
peligroso, dado que no existe ningún contrato que defina las condiciones ni
obligaciones de parte de los empleadores.
El caso de
Jorge Luis Huamán Villalobos, de 19 años de edad, y Jovi Herrera Alansa, de 21,
quienes se encontraron atrapados en el cuarto piso de la galería Nicolini,
junto a otras personas durante el incendio, hizo que saliera a la luz la forma como
laboraban estas personas, encerrados con candado y que finalmente fue el motivo
por el cual no pudieron evacuar del edificio en llamas. Ante este hecho, el Ministro
de Trabajo, Miguel Huerta, acudió a la zona del incendio de Las Malvinas para ver el tema de la presunta
explotación laboral, donde afirmo después que fueron
cuatro jóvenes quienes trabajaban en
condiciones inapropiadas. Aparte de los
mencionados anteriormente, los otros dos desparecidos fueron identificados como
Luis Guzmán Taipe, un adolescente de 15 años, y la trabajadora Isabel Pantoja,
quien laboraba como ayudante de cocina en una cebichería cercana.
Por
otro lado, La municipalidad de Lima inició acciones legales contra la empresa JPEG SAC, que es señalada como la propietaria de los
almacenes donde se inició el incendio de Las Malvinas. La denuncia penal será
contra José Enrique López, gerente general de la empresa JPEG SAC, y Juan
Manuel Polar de Rivera, apoderado legal, por los
delitos contra la administración pública, desobediencia a la autoridad y
exposición al peligro de personas dependientes.
Frente
a las evidencias de que los jóvenes eran obligados a trabajar encerrados bajo
llave, Luis Yshii Meza, director general de la Defensa Pública del Ministerio
de Justicia, dijo que, de acuerdo al artículo 153-C del Código Penal, los
responsables de este presunto delito de explotación laboral podrían recibir
entre 25 y 30 años de prisión.
La
vicepresidenta nacional de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), Carmela
Sifuentes, señaló que estos trabajos precarios, que no ofrecen
ni la más mínima garantía de seguridad, son algo muy parecido a la esclavitud,
pues algunos trabajadores viven una explotación, trabajando por más horas de
las permitidas, encerrados bajo llave y sin las condiciones mínimas de
seguridad”.
El
Ministerio de trabajo tiene la función de inspeccionar todo centro de trabajo,
ya sea formal o informal. Lo cierto es que nuestro país dispone de un número
finito de inspectores laborales y por lo tanto, la prioridad lo tienen las
denuncias que realicen los trabajadores. Lamentablemente muchas personas no
denuncian, como fue el caso de estas personas que permitieron y finalmente
murieron por la irresponsabilidad de otras personas. Creo que estas
muertes deben enseñar al ministro de Trabajo, Alfonso Grados, y al presidente
Pedro Pablo Kuczynski que los trabajadores se juegan la vida trabajando.